Las intimidaciones a todos aquellos que continúan buscando la verdad sobre los desaparecidos continuan. La impunidad permite este tipo de actuacion por parte de la Justicia presionados por fammilares de militares condenados por graves crimenes en materia de DDHH.
La Corte interamericana de derechos humanos condeno al Uruguay en el caso Gelman por trabar las investigaciones. Le ordeno al Estado Uruguayo no oponer obstaculos a las investigaciones y a la busquedad de la verdad. Sin embargo son hoy los que investigaron sobre esos crimenes y las victimas de estos mismos, que son convocados a los tribunales.
Hasta cuando el Estado y el ejecutivo uruguayo se va a amparar cobardemente en en la supuesta ”separcion des poderes” ( que solo funciona para un solo lado) para dejar libre curso a una justicia que aun funciona en defensa de la IMPUNIDAD ?
Hasta cuando se va a seguir intimidando a los familiares de las victimas del terrorismo de estado y a los que intentan investigar (jueces, periodistas, asociaciones de familiares, etc), sin que el Estado Uruguayo reaccione frente a estas violaciones del derecho internacional y sin aplicar la decision de la corte interamericana plenamente?
Algun dia van a tener que responder claramente.
Donde Estan
19 de marzo de 2014
A las 21 horas del lunes 17 de marzo, tocó el timbre de mi domicilio un agente policial vestido de civil, a quien esperaba un vehículo particular en la puerta, quien me entregó un cedulón judicial por el que se me convocaba a comparecer al día siguiente ante el Juzgado Penal de 2º Turno.
La citación era para la carátula “Gavazzo, José Nino y Otros – Homicidio muy especialmente agravado”, Ficha IUE90-10462/2002. Busqué en la web del Observatorio Luz Ibarburu y confirmé que se trataba de la Causa Gelman, donde ya había testificado tres veces. Pensé que sería para que aportara datos sobre eventuales lugares de enterramiento. Yo sabía que el viernes hubo una inspección en el Servicio de Material y Armamento junto al Batallón 13.
Al día siguiente, a las 14 horas, llegué al edificio de los juzgados en la calle Misiones y al ingresar a la sala de espera me encontré a los abogados de los procesados Josè Gavazzo, Ricardo Arab, Jorge Silveira y Ricardo Medina, esperando para ingresar a la audiencia. No nos saludamos y permanecimos 15 minutos, sentados frente a frente, esperando ser llamados.
La audiencia se realizó en el despacho del juez Pedro Salazar y en presencia del fiscal Ariel Cancela. Comprendí que se había iniciado la fase sumarial, es decir el proceso judicial en sí y que los cuatro abogados defensores: Dr. Bernardo Gzech (Medina), Graciela Figueredo (Silveira), Estela Arab (Arab) y Rossana Gavazzo (Gavazzo), me interpelarían.
El juez me preguntó si me ratificaba en lo que había declarado en 2003, 2005 y 2008. Pedí para leer mis declaraciones y demoré lo necesario para recordar el contexto en que mi testimonio fue realizado (muchas cosas se fueron averiguando y aportando durante ese tiempo). Los abogados defensores parecían impacientes. Cuando leí todo, ratifiqué mis dichos.
Fue entonces que el juez da la palabra al abogado Gzech quien había solicitado a foja 5535 que se me exigiera revelar mis fuentes de información. El juez Salazar dispone en ese momento el levantamiento del secreto profesional. Posibilidad jurídica que éticamente no acepté.
El resto de las actas cuyos fascimiles adjunto, es el interrogatorio al que fui sometido por los abogados defensores que procuraban conocer las fuentes de información, buscaron algún tipo de contradicción en mis sucesivos testimonios a lo largo del proceso y, finalmente, llegaron a preguntar por qué yo era creíble…
Más allá de las valoraciones que el gremio de periodistas y otras organizaciones puedan realizar sobre las implicancias de que un juez penal considere que puede levantar el secreto profesional de un periodista (otro magistrado o un fiscal podrían luego acusar por desacato u obstrucción de la Ley), me preocupa la situación de las causas de derechos humanos.
Como ya ha ocurrido en otros casos, los abogados defensores han comenzado una “contraofensiva” en la que intentarán amedrentar, presionar, descalificar o contradecir a los testigos, quienes luego de cuarenta años de miedo y silencio fueron a los juzgados acompañados de organizaciones sociales, abogados y prensa.
Ahora no deben quedar solos ni se debe admitir que sufran esta suerte de careos en los que son interrogados como indagados y vuelven a sufrir la victimización de quienes defienden a sus victimarios. No solo es una muestra más de la impunidad en que vivimos. Sencillamente no es justo.
Roger Rodriguez
(Periodista)
