Raúl Zibechi
"Es una victoria del agronegocio de Brasil", dijo la presidenta Dilma Rousseff con una sonrisa, rodeada de políticos y ejecutivos de empresas agroindustriales en Lucas do Rio Verde (Mato Grosso), al inaugurar la cosecha de granos. La felicidad de la presidenta se debe a que Brasil alcanzó una cosecha de 193 millones de toneladas y además se convirtió en el primer exportador mundial de soya, superando a Estados Unidos, que ocupaba ese sitial. Dilma inauguró la recolección conduciendo una cosechadora y aventando granos de soya transgénica.
Apenas 48 horas después Rousseff recibió en la sede de gobierno en Brasilia a una delegación de 30 militantes del Movimiento Sin Tierra (MST) que celebraban su sexto congreso. Le reclamaron que la reforma agraria está estancada y que su gobierno asentó la menor cantidad de familias desde la dictadura militar (1964-1985), apenas 13 mil por año; que apoya sin restricciones al agronegocio y a las multinacionales que lo sustentan, pero no hace lo mismo con la agricultura campesina, que es la que abastece de alimentos a la población.
Durante la inauguración de la cosecha soyera, decenas de trabajadores del correo en huelga abuchearon a Rousseff porque se decidió tercerizar los servicios de salud. Los gritos de los trabajadores fueron acallados por aplausos y otros gritos que provenían de los políticos de derecha aliados al PT y de agroempresarios que no ocultaron su apoyo entusiasta a la presidenta.
Parecen escenas sacadas de una guión truculento pero son la realidad, contradictoria y compleja, que vivimos en nuestra región. Los gobiernos hacen o subsidian obras millonarias para favorecer los negocios de las multinacionales. En 2013 el BNDES de Brasil otorgó préstamos por 190 mil millones de reales (unos 80 mil millones de dólares). El 30 por ciento de ese monto fue destinado a obras de infraestructura para "lubricar" las exportaciones de commodities, como la pavimentación de la carretera longitudinal BR 163 (desde Rio Grande del Sur hasta Belén do Pará), que forma parte de la nueva ruta de exportación de soya.
Hasta ahora la soya y el maíz de la región central –un tercio de la cosecha– salían por los puertos del sur luego de recorrer en camiones más de 2 mil kilómetros. Con la carretera asfaltada entre el centro de Mato Grosso (donde destaca el municipio Lucas do Rio Verde) y el puerto de Miritituba en la ribera del Tapajós, afluente del Amazonas, los granos saldrán por barcazas hacia los puertos de Belén, Santarem y Santana, en las puertas del Atlántico, con lo que ganarán un par de días y ahorrarán millones en fletes.
La nueva ruta amazónica de la soya se convertirá en el mayor corredor para las exportaciones de granos de Brasil, por el que pueden exportarse hasta 40 millones de toneladas anuales (Bloomberg, 10 de enero de 2014). Las multinacionales estadunidenses Cargill y Bunge y las brasileñas Hidrovias do Brasil y Cianport están invirtiendo hasta 2 mil millones de dólares en la construcción de terminales, estaciones de transbordo, muelles, almacenes y flotas de barcazas para acelerar el transporte de granos.
Por su parte, el gobierno –además de invertir en carreteras– anunció que ha liberado para los próximos cinco años una línea de créditos por unos 10 mil 400 millones de dólares para la construcción de silos que permitan almacenar las cosechas sin contratiempos.
En su conjunto el Mercosur cosechará más de 150 millones de toneladas de soya: 90 millones Brasil, 55 millones Argentina, casi 10 millones Paraguay y 4 millones Uruguay. Todos compitiendo entre sí en los mismos mercados. Todos buscando abaratar fletes a costa del erario. Si a esto le sumamos las exportaciones mineras e hidrocarburíferas, completamos un panorama complejo: grandes multinacionales controlan el comercio de los países latinoamericanos, haciendo imposible la integración regional.
Si observamos el comercio intrarregional en América Latina y lo comparamos con el de la Unión Europea (UE), el panorama se oscurece aún más. Hacia fines de la década de 2000, el 66 por ciento del comercio europeo era intrazona. En la misma fecha, en América Latina era de apenas 18 por ciento: tres veces y media menos. En relación con el PIB el comportamiento es similar. El comercio intrazona en la UE es de casi 20 por ciento del PIB, en tanto en América Latina es de apenas 3 por ciento del PIB.
Dos datos más. En el caso de Brasil, sólo 8.6 por ciento de sus intercambios se producen con el Mercosur. Mientras el BNDES realiza préstamos anuales de 80 mil millones de dólares, más que el PIB de cinco países sudamericanos, ¿quién recuerda en qué anda el Banco del Sur? Para realizar grandes obras muchos gobiernos prefieren acudir al financiamiento del BNDES, aunque incluya como condición que se emplearán constructores brasileños.
Descarto mala voluntad de los gobiernos. Los organismos de la integración regional no pueden limitarse a condenar a las derechas desestabilizadoras, aunque es muy necesario que lo hagan. No es ninguna casualidad que los municipios, provincias y estados donde predomina el agronegocio soyero tengan casi siempre gobiernos de derecha.
El agronegocio es mucho más que el cultivo de semillas transgénicas para fabricar raciones: es un entramado político, económico, cultural y social que crea una relación de fuerzas antidemocrática, además de ambientalmente insustentable. Es en esos vínculos y en esos territorios donde se genera el caldo de cultivo de las derechas políticas y mediáticas que fraguan golpes de mercado y, quizá, de Estado. Lógicas similares tienen las rentas petroleras y mineras.
Entiendo que no es fácil salir de este modelo, entre otras cosas porque ha generado una opinión favorable de la población hacia un modo de vida consumista y despolitizador que no toma en cuenta la soberanía alimentaria. Por eso es necesario debatirlo, enfrentarlo, como hace el MST, aun corriendo el riesgo de cierto aislamiento. Festejarlo, como hizo Dilma y como hacen buena parte de los gobiernos, favorece a las derechas.
