Como dependencia policial cada vez más militarizada, interfiere con las responsabilidades domésticas que las Fuerzas Armadas buscan atribuirse desde el fin de la Guerra Fría. Ese conflicto entre el Ministerio del Interior y el de Defensa parece dirimirse en la discusión presupuestal, aunque algunos actores acusan al gobierno de carecer de una política definida sobre seguridad interna. Con esta investigación Venancio Acosta vuelve al tema con el que ganó nuestro primer concurso para periodistas jóvenes: el cambio de mentalidad de quienes enfrentaban la represión en los años 60 pero ahora la comandan.
Venancio Acosta
Revista Lento |TROPA DE ELITE [LENTO #29, AGOSTO 2015]
Sergio Lemos. 19 años. Enfila en moto por la calle Víctor Hugo hacia el Almacén 28, en el barrio Santa Catalina, que fue asaltado minutos antes y acusó pérdida de unos puchos y la recaudación del día. Lleva en el bolsillo de la campera Nike un porro, un encendedor y 12 pesos. Acelera. Un agente de la Guardia Republicana que busca a los responsables del asalto asocia el aspecto de Lemos al de uno de ellos. Le da la voz de alto y no espera respuesta: le balea una pierna. Vehículo y tripulante se conmueven sin perder la marcha. El policía ensaya puntería, ahora con la espalda del joven como blanco. Dispara varias veces. La moto se desploma y Sergio Lemos muerde el polvo de una cuneta. Ya tiene rota la cadera. El tirador avanza la distancia que lo separa del blanco inmóvil. Descarga finalmente su 9 milímetros contra el caído y el disparo surca vértebras, pulmones y vasos sanguíneos.
—¿Es clave 50 el pichi ese? —le pregunta por radio un colega que quiere saber si el joven está muerto. Morirá desangrado instantes después.
Aquellos fogonazos a quemarropa tuvieron la inusual capacidad de dar en dos blancos a la vez: en la espalda de un inocente de 19 años y en la gestión frenteamplista de los aparatos armados en tiempos de militarización de la Policía y del recurrente FarWest de la seguridad pública.
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Fines del siglo XIX. Dado a extirpar las conductas de agitación esquivas a la norma, en 1895 el novel Estado uruguayo instituyó, en el seno de la Jefatura de Policía de Montevideo, un órgano bautizado Escuadrón de Seguridad. Distinto de la Policía ordinaria, era un cuerpo de caballería compuesto por un puñado de hombres que debían guardar el orden en las calles de la ciudad. Su primera gran hazaña fue romper una huelga de los trabajadores del transporte. Nacían así, juntos, un antepasado de todas las fuerzas especiales de choque auspiciadas por la Policía y uno de sus enemigos predilectos, las organizaciones obreras.
En 1916 el Escuadrón de Seguridad pasó a llamarse Guardia Republicana. Por esos años se creó también la Guardia Metropolitana, unidad de infantería con la cual quedó asentado el esquema de las fuerzas especiales de la Policía que funcionó hasta la aprobación de la primera Ley Orgánica Policial en 1972 (que, a sable y fuego, ya se había impuesto en las calles). A partir de allí, la vieja Republicana y la Metropolitana pasaron a denominarse, respectivamente, Guardia de Coraceros y Guardia de Granaderos (aunque en 2004 ésta recuperaría su antiguo nombre). Ambas quedaron incluidas en el órgano Guardia Republicana, restringido a la jurisdicción de la Jefatura de Policía de Montevideo, e investido con el mote castrense de “regimiento”. Así volvió a funcionar jurídicamente a la salida de la dictadura.
Fines del siglo XX. En medio de un clima de descontento popular con el gobierno del Partido Nacional, en julio de 1994 ingresó a la Asamblea General un proyecto de ley, firmado por el presidente Luis Alberto Lacalle y por su ministro del Interior Ángel María Gianola, cuyo propósito era convertir a la Guardia Republicana en una fuerza especializada con cobertura nacional, directamente subordinada al Ministerio del Interior, buscando potenciar su competencia y su eficacia. Era año de elecciones y antes del fin del período legislativo Gianola intentó apurar el trámite.
Por entonces, el comando de la Guardia ya se había instalado cerca del extinto Cilindro Municipal. Allí, en el casino de oficiales consignado a la distensión de la tropa, el ministro fungió el 11 de agosto como anfitrión de una cena reservada a la que asistieron los legisladores Juan Andrés Ramírez, Juan Carlos Blanco, Guillermo Stirling, Daniel García Pintos, Juan Carlos Ayala y Jaime Trobo; Gianola tomó el recaudo de no compartir el lechón asado que engalanó el banquete cuartelero con parlamentarios frenteamplistas. Pero no fue lo suficientemente cauto: habían sido plantados micrófonos que grabaron todo lo dicho en el encuentro, pretendidamente secreto. Por eso, al poco tiempo se supo algo de lo que dijo allí Gianola:
—¿Quién puede contener esas grandes manifestaciones populares en que a veces se generan disturbios? Bueno, la Guardia Republicana, que es una verdadera Guardia Nacional. Eso es lo que queremos. Pero no se la reconoce en los hechos.
Masculló luego algunas otras palabras de relleno, y retomó:
—La Guardia Republicana no es la Policía común, el uniforme azul; es el uniforme verde. Y eso tiene un sentido por los casos de emergencia en que generalmente actúa, ya sea para combatir disturbios, grandes manifestaciones, como ha sido en otros tiempos, pero también para cumplir una serie de misiones que no se fundamentan sólo en la represión sino en la prevención del delito.
Fue develando así la razón de aquel cónclave. Pero antes del chin chin y el aplauso final, espetó:
—Y además, lo digo claramente: en esta ?reunión hemos convocado a legisladores blancos y colorados. Y esto ha sido deliberado. El destino del país está entre blancos y colorados. La formación del regimiento Guardia Republicana con ámbito nacional, dependiendo del Ministerio del Interior, creo que va a ser una institución, un organismo de gran utilidad para cualquier partido que gobierne a partir del 1o de marzo.
Se ha especulado sobre la identidad de los que malograron los ánimos confidenciales del ministro. Lo cierto es que un casete con la grabación de todo lo sucedido allí fue difundido, en setiembre de ese mismo año, por el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), en una conferencia de prensa en la que Eleuterio Fernández Huidobro llevó la voz cantante. El hecho sirvió para que el gobierno blanco disparara contra el mensajero, intentando disimular el bochorno al que había sido expuesto su secretario de Estado, sorprendido moviendo piezas por fuera del tablero.
Los tupamaros juraron no haber tenido nada que ver con la grabación, a la que según su versión accedieron mediante “una misteriosa llamada” a CX44 Panamericana (radio de su propiedad) que los guió al casete. La única tesis que quedó en pie, y que algunos medios no dudaron en dar por cierta, era que el espionaje había sido perpetrado por algún sector de la inteligencia militar, que a menos de diez años del fin de la dictadura se incomodaba al ver opacado al Ejército ante el crecimiento de una fuerza militarizada dentro de la Policía. Y utilizaba a viejos conocidos como canal de difusión
“Esto es un Watergate al revés”, improvisó para Búsqueda el ministro Gianola, que padeció el escarnio público por segunda vez. La primera y más conocida había tenido lugar días antes, cuando el 24 de agosto la Guardia Republicana cargó contra la multitud ?desarmada que concentraba frente al Hospital Filtro, resultando asesinados Fernando Morroni y Roberto Facal, además de varios heridos graves. Cuando tomó estado público lo dicho por Gianola en la cena, el MLN declaró que los hechos del Filtro habían sido el “bautismo de sangre” de la nueva Guardia Nacional, aunque el proyecto naufragó en el Parlamento.
Por el episodio de la cena, el Frente Amplio pidió en el Parlamento la renuncia de Gianola, que continuó en el cargo hasta el final de la administración Lacalle. Aunque el ministro se equivocó al aseverar que el destino del país estaba en manos de blancos y colorados, acertó al vaticinar que su idea de la Guardia Nacional le sería útil a cualquier partido que llegara al gobierno.
Sólo sería cuestión de tiempo.
Con el fin de la Guerra Fría, el escenario mundial obligó a las nuevas potencias hegemónicas a replantear sus doctrinas militares en virtud de las hipótesis de conflicto de última hora. Robert McNamara, secretario de Defensa de Estados Unidos en los 60 y luego presidente del Banco Mundial durante una década, fue uno de los gurús del nuevo orden en gestación. En 1991 planteó sin tapujos la necesidad de disminuir los presupuestos militares de los países subdesarrollados y confiar la seguridad global a las grandes potencias militares bajo el mando de Estados Unidos. Lo hizo en una conferencia en el Banco Mundial, y meses después, ratificó la idea en la revista Finanzas y Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional. Su tesis no tardó en arribar a Uruguay.
En junio de 1992 la Comisión de Defensa del Frente Amplio, presidida por el general Víctor Licandro, había sometido a consideración de la Mesa Política de ese partido un documento que despotricaba contra las políticas de defensa que Estados Unidos seguía imponiendo a los países latinoamericanos. Entre ellas, la llamada “acción cívica” de las Fuerzas Armadas, entendida como su intervención en asuntos de la sociedad civil (obras públicas, agricultura, educación, salud) con el fin de ganar prestigio.
A juicio de la Comisión, este concepto se originaba en la época de auge de la Doctrina de la Seguridad Nacional y estaba volviendo a ser introducido de forma velada por el gobierno de Lacalle
Las tareas de apoyo al desarrollo nacional no deben ser competencia de las Fuerzas Armadas […] esa permanencia compromete la posibilidad de ahondar en la democratización de la relación cívico-militar en el país.
Pero el documento encontró en Liber Seregni un oponente insalvable. Advirtió que la desaparición de la URSS había llevado a Estados Unidos a modificar sus doctrinas militares, por lo que lo planteado por la Comisión carecía de vigencia. Al tanto de los nuevos vientos, señaló que la nueva estrategia imperial apostaba al debilitamiento de los ejércitos latinoamericanos, a la vez que se alentaba la creación de fuerzas de “rápido despliegue” para el control de la seguridad interna de los países periféricos. El documento de la Comisión no fue aprobado por la Mesa Política.
Por esos días, el entonces comandante en jefe del Ejército, Juan Rebollo, había hecho declaraciones que se alineaban con el alegato de Seregni. Según publicó Búsqueda, dijo: En el pasado reciente, dos grandes potencias partían al mundo y alineaban aliados para defender sus concepciones hasta en los más remotos confines del planeta […] Ahora la bipolaridad, tal como se manifestaba ayer, no existe, y se han formado corrientes de opinión en torno a los centros de poder mundial que pretenden circunscribir el rol de las Fuerzas Armadas de los países del tercer mundo a funciones más propias de una Guardia Nacional con responsabilidades hacia temas como el narcotráfico, controles ecológicos y apoyo circunstancial a la Policía, en desmedro de su verdadera misión, que es el mantenimiento de la paz y la defensa de la soberanía como fin supremo.
En noviembre de ese mismo año el presidente Lacalle anunció su voluntad de iniciar una restructuración de los servicios militares:
“Los tiempos han cambiado y por eso tenemos que cambiar nosotros. Las hipótesis de conflicto han cambiado […] el mundo bipolar desapareció”. En declaraciones que se filtraron en la prensa, tras juzgar que “ya no se puede pensar en despliegues que están pensados para principios de siglo”, Lacalle asumió el compromiso de iniciar una “tarea sana, rápida, profunda y sincera de análisis del futuro de las Fuerzas Armadas” y aludió a la reducción de recursos y de personal. Según Búsqueda, entre 1984 y 1993, el presupuesto de Defensa ya se había reducido 29% en relación al total del Presupuesto Nacional.
En 1993 El Soldado, la revista del Centro Militar, publicó dos artículos que daban cuenta del panorama global en gestación: uno levantado de la revista estadounidense Military Review y otro de la brasileña A Defesa Nacional. Ambos sintetizaban a la perfección los postulados de McNamara respecto del papel de las Fuerzas Armadas y sus nuevos enemigos de fin de siglo: terrorismo y narcotráfico. Para 1994 la administración Lacalle había enviado dos proyectos de ley al Parlamento. Uno que daba garantías jurídicas a las Fuerzas Armadas para intervenir en el orden interno —que no contó con respaldo político para prosperar— y un segundo para crear la mentada Guardia Nacional, con el ya referido desenlace.
Uno de los principales opositores a las políticas del gobierno blanco en este sentido fue el MLN. El hoy ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, se explayaba así en Mate Amargo:
Si apuran, no tendría inconveniente, después de toda la experiencia sufrida, en declararme pacifista y absolutamente no-violento. Al estilo de Gandhi. En ese supuesto y atractivo caso […] habría que pasar, a renglón seguido, a proponer la disolución de las Fuerzas Armadas. Eso sería ultrarradical. Desestabilizaría. Nos ahorraríamos, de un saque, tanto como lo que habría que destinar a la enseñanza […] El problema es que desde las “usinas” ideológicas de los imperios nos vienen proponiendo lo mismo: que los países del tercer mundo “disuelvan” sus Fuerzas Armadas […] Son más exquisitos: planean sustituirlas [cada país pobre] por una Guardia Nacional creada a partir de los aparatos especializados de la Policía […] Dicho de otro modo: “De la guerra —dicen— nos encargamos nosotros (para dártela en la nuca) y de la represión interna se encarga cada cipayo país por país”. Para eso una simple Guardia Nacional alcanza y sobra […]Es nada más que por esa razón (la pésima mala leche del imperio) que no nos decidimos, filosóficamente hablando, por el ultrapacifismo filosófico y nos mantenemos, quietitos como gurí cagado, en la tesis más o menos cristiana del Uruguay como país independiente: la violencia, a veces, se justifica (y por eso tenemos Fuerzas Armadas en el presupuesto) […] Para eso inventaron al enemigo: a falta del viejo “comunismo internacional” —que tanto “sirvió”—, ahora usan el “terrorismo internacional”. En realidad, les falta agregar cocaína porque la orden que viene desde el Norte es que el enemigo es el “narcoterrorismo internacional”. ¡Alerta a las organizaciones políticas, sociales y culturales del pueblo!: en cualquier momento nos “embagallan” con droga para poder “demostrar” la existencia de esa confabulación.
Días después, escribía:
Si se va a disminuir las Fuerzas Armadas, tiene que aparecer otro cuerpo capacitado para la represión interna. Este cuerpo es la Guardia Nacional […] Una guardia pensada desde el principio contra el pueblo, contra la propuesta que pueda surgir de un pueblo al que cada vez se lo someterá a mayores presiones. Es una Guardia que no alcanza la dimensión de las actuales Fuerzas Armadas, ni en cantidad de efectivos ni en costos presupuestales, que también está pensada para cumplir algunas tareas del Ejército Nacional. En definitiva, es un cuerpo creado en función de una defensa nacional que no es la propia, sino la del país que elaboró la idea y el instrumento en función de sus intereses, más adelante la desarrolló y ahora la está tratando de imponer al conjunto de los países subdesarrollados dependientes. Esta idea es la que está por detrás de la Guardia Nacional que presentó Gianola en la reunión […] Lo que importa es la forma en que coinciden y encajan, como piezas de un rompecabezas, con las otras piezas, para ir haciendo aparecer una nueva figura, que, sin lugar a dudas, se transforma en algo consecuentemente usado contra los intereses de los pueblos y de nuestra gente.
Como saldo de los sucesos del Hospital Filtro el gobierno blanco clausuró CX44 Panamericana, a la que acusó de “instigar a la violencia” durante los hechos. Por esos días, Mate Amargo (donde también participaba el actual ministro del Interior, Eduardo Bonomi) entrevistó al director de la emisora, que dijo:
Sabido es que se intenta, por consejo que viene del Norte, la creación de una Guardia Nacional que se encargue de la represión interna. Cambiar la estructura militar que conocimos en el país por una actividad policial específicamente represiva. Es decir, promoción de una Guardia Nacional en detrimento de la actividad propiamente militar. Parece claro […] que hay quienes apuestan a esa Guardia Nacional con la intención de dejar el logo represivo claramente enfrentado al pueblo y lograr crear en el futuro mejores condiciones para dominarlo […] Hay quienes pretenden congraciarse con esa gente de uniforme, a pesar de que ésta tienda a mirarlos peyorativamente y hasta con desprecio. Y la gente de uniforme tiende a pedir luego su cuota, porque no le gusta oficiar de verdugo sin recibir nada a cambio.
Era José Mujica Cordano
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Toda la verborragia antiimperial de los dirigentes tupamaros de aquellos años fue barrida como hojarasca por el artículo 231 de la Ley de Presupuesto Nacional No 18.719 para el quinquenio 2010-2014. Se creó entonces la Guardia Republicana Nacional como “cuerpo policial especial con jurisdicción nacional, que dependerá directamente del Ministerio del Interior”; una fuerza que, tras ser definida como prioridad absoluta por la primera gestión de Eduardo Bonomi al frente de esa cartera, no ha cesado de crecer en poderío.
El último decreto que regulaba los cometidos de la Guardia había sido sancionado en 1971 por el presidente Jorge Pacheco Areco. El que lo sustituye, aprobado en 2011, amplía notoriamente los cometidos de la unidad.
Además de adquirir jurisdicción nacional, de multiplicar sus funcionarios, de manejar su propio centro de formación y de tener un presupuesto que redobla al de cualquier Jefatura Departamental (excepto Montevideo y Canelones), la Republicana agregó a sus funciones la de actuar como apoyo en cárceles y custodiar las vías de comunicación terrestres y los pasos de frontera. Aunque, en definitiva, los nuevos cometidos del cuerpo quedan librados al último inciso del decreto: es decir, “aquellos otros que la autoridad oportunamente le confiera”.
Acto seguido, el Ministerio del Interior dio otro espaldarazo a su nuevo caballito de batalla. Mediante un decreto de junio de 2011, acomodó el terreno legal para que funcionarios de Defensa pasaran a cumplir funciones para la Policía Nacional. Posteriormente, lanzó un llamado destinado a los soldados para suplir cargos en la nueva Guardia Republicana. Y cumplió. Aunque, en rigor, esta propuesta (junto con la de la creación de una Guardia Nacional bajo dependencia de las Fuerzas Armadas) ya había sido planteada anteriormente por el Partido Nacional, que parece haber estado siempre un paso adelante en esta materia
En 2012 se descubría el velo de la renovada fuerza. En enero, el periodista Roger Rodríguez, desde la revista Caras y Caretas, escribió sobre el avance de “una unidad policial de prevención y represión del delito que, por primera vez en Uruguay, promete constituirse en una cuarta fuerza armada nacional, y que dispondrá de una infraestructura y logística que hasta el momento eran de exclusividad del Ejército, la Armada y la Aviación”. Gracias a fuentes anónimas oficiales, la nota ofrecía detalles sobre las innovaciones armamentísticas en la unidad, luego de que fuera aprobada su jurisdicción nacional.
En 2011 el subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, autorizó la compra de tres Tiger (blindados de asalto de última generación). Por cada uno de ellos el Estado pagó 280.000 dólares a la compañía estatal rusa Rosoboronexport, y antes de llegar a Uruguay los vehículos pasaron por Brasil para una prueba de blindaje realizada por el Batallón Especial de Operaciones (el BOPE, popularizado por las películas Tropa de Elite). Meses más tarde, Vázquez y dos asesores del Ministerio viajaron a Moscú y visitaron la fábrica de armas Kalashnikov. Como resultado, proveyeron a la Guardia Republicana de 650 fusiles de guerra AK-103 y Bushmaster M4, más 200 armas cortas. También se mencionaba en la nota de Rodríguez que el entrenamiento de la unidad se estaba llevando a cabo con sistemas similares al del BOPE brasileño y al de los marines estadounidenses. Por otra parte, escribía sobre el reavivamiento de una rivalidad que ya había explotado en 1994: “En los hechos, las Fuerzas Armadas han ido ‘boicoteando’ el surgimiento de la Guardia Nacional Republicana”. Asimismo, varios jerarcas policiales mostraban “sus dificultades de relacionamiento con los mandos militares”.
A principios de 2011, el Ministerio de Defensa brasileño había invitado a Uruguay a participar en la Latin America Aereo & Defence, una feria internacional de equipamientos bélicos. Concurrieron, como era de presumir, representantes de Defensa y de las tres armas. Curiosamente también fue el ministro Eduardo Bonomi, a partir de una resolución del Ministerio del Interior, que en sus considerandos juzgó “de suma importancia para esta Secretaría de Estado la asistencia en dicha actividad”. Las compras de armamento a los proveedores rusos que exponían en aquel evento se produjeron ese mismo año.
Y ya nada más se pudo saber. En setiembre de 2012 el Ministerio del Interior aprobó ocho resoluciones que clasifican de antemano como secreta prácticamente toda la información relativa a las actividades policiales. La Secretaría de Estado se convirtió en una caja hermética que paraliza los derechos consignados en la Ley de Acceso a la Información Pública de 2008. Como fundamento, se alegó la “necesidad” de tales medidas para que el Ministerio pueda cumplir los cometidos que le fueron adjudicados, y se consideró que la divulgación de información pone en peligro la seguridad nacional. Sin embargo, las compras directas de armamento registradas desde el primer gobierno frenteamplista (a las que se accedió con motivo de este informe, a pesar del cerco informativo) confirman el robustecimiento del aparato policial desde la administración Bonomi.
El asesinato de Sergio Lemos en noviembre de 2013 no fue un caso aislado. Lo precedieron meses de denuncias sistemáticas y públicas de abuso policial. En abril varios policías de civil torturaron a un menor de edad en situación de calle. En agosto la Guardia Republicana reprimió la marcha del Día de los Mártires Estudiantiles e hirió a manifestantes y periodistas como corolario de un operativo en el que el Ministerio del Interior infiltró a funcionarios durante todo el recorrido. El mismo mes, antes de la marcha en recordación de los hechos del Hospital Filtro, 12 jóvenes fueron secuestrados y torturados psicológicamente por policías de civil que los detuvieron en el marco de lo que se fundamentó oficialmente como una acción “preventiva”.
En setiembre la Metropolitana disparó injustificadamente contra vecinos desarmados del barrio La Teja, hiriendo a una niña de 11 años, cuya madre se enfureció y recibió una descarga eléctrica por parte de los uniformados.
El mismo mes la Policía detuvo de forma improcedente a varios jóvenes del barrio Santa Catalina a los que maltrataron física y psicológicamente; los vecinos denunciaron que aquel era un procedimiento frecuente y prácticas de la misma calaña se denunciaron en diciembre en contra de adolescentes del barrio Casabó.
A fines de octubre, los guardias policiales del COMCAR (integrantes de la Guardia Republicana) asesinaron a dos reclusos durante un motín, en acciones que fueron catalogadas por el Comisionado Parlamentario para las Cárceles como “ejecuciones extrajudiciales” con “riesgo objetivo de causar una masacre”.
Las denuncias contra la escalada autoritaria de 2013 incomodaron al ministro Bonomi, quien mantuvo por esos días un cruce de acusaciones con el periodista Samuel Blixen en las páginas del semanario Brecha. El ministro fue acusado por el periodista de minimizar aquella sucesión de arbitrariedades y de protagonizar un “lastimoso remake de Jorge Pacheco Areco” (alusión directa a una época que el acusado y el acusador conocieron de cerca, pues como integrantes del MLN ambos reconocieron ser responsables materiales de la muerte de dos represores insignes de aquellos años).
Bonomi negó estar emulando las mismas acciones que otrora se dedicaba a combatir, eludió asumir los excesos de sus subordinados y expresó que discrepaba con la utilización, en la actualidad, de ciertas formas de la protesta social que la generación de los 60, la suya, empleó notoriamente hace medio siglo. Se posicionó luego, a sí mismo y a su gobierno, como víctimas de un ataque que definió así:
La derecha internacional —desde los países árabes hasta nuestra “América la pobre”— está utilizando una nueva metodología para oponerse a los gobiernos de izquierda, progresistas o solamente opositores a los países hegemónicos: utilizan la duda metódica expresada en todas las formas posibles, desde las redes sociales a la oposición política de la derecha y de la ultraizquierda […] Como ya se dijo hace muchos años, desde ambos extremos se producen políticas que se dan la mano.
Blixen fue conciso: la tortura, y más cuando proviene de los aparatos del Estado, es siempre condenable, en 1968 y en 2013. No hay tortura buena porque proviene de un gobierno de izquierda. La tortura no es mucha ni poca, ni suave, ni dura, es tortura. Y el gobierno que la justifica no es de izquierda.
En la misma edición del semanario, la ex ministra del Interior Daisy Tourné —predecesora de Bonomi—, entrevistada a raíz de los mismos hechos, admitió que una “concepción de derecha en el enfoque de la seguridad” le había “ganado la cabeza” a su partido
—Cuando tú tenés los perritos atados a la cadena y los soltás, los soltaste. Después no hay como domarlos —dijo
Tourné parecía coincidir entonces con Rafael Paternain, sociólogo y primer suplente de Constanza Moreira al Senado por el sublema frenteamplista Casa Grande, que en 2010 renunció a su cargo de director del Observatorio sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, a raíz de discrepancias en el manejo de los datos por parte de la cartera de Bonomi. Consultado, Paternain juzgó que el proceso de militarización de la Policía data, en rigor, de antes de la dictadura; con la primera Ley Orgánica Policial de 1972 que impuso una “lógica castrense” en su organización y funcionamiento. Luego de 1985, expuso, la Policía era una mezcla de cuerpo represivo militarizado con una impronta fuerte de discrecionalidad y desorganización, acompañada de una notoria precariedad. José Díaz, primer ministro del Interior del Frente Amplio, intentó abordar estos problemas apuntando a la interna policial y generó lealtades inmediatas, según el sociólogo:
—Cuando llega 2010, hay un giro. Fue una lástima. Tanto que hablamos de un giro a la izquierda, cuando todo el mundo estaba expectante de que el gobierno de Mujica tuviera la posibilidad de dar ese giro, hubo claramente un giro a la derecha
La Guardia Republicana, síntoma del proceso, pasó a ser, según Paternain, “algo más que una fuerza reactiva de choque o de reserva”, que empezó por cumplir un rol determinante en el “rotundo fracaso” de los megaoperativos de saturación.
Bonomi ha insistido con que las políticas represivas de su Ministerio se complementan necesariamente con concepciones de tipo “social”. Pero según el sociólogo, el saldo de la situación actual es un mosaico de modelos y de discursos sin orientación clara.
—Si me dicen que soy muy estricto y hago operativos de saturación, muestro la Policía comunitaria; si me dicen que en realidad uso la fuerza bruta y hay casos de violencia institucional, muestro que estoy mejorando la tecnología o utilizo los sistemas que tienen en Estados Unidos y hago convenios con la Policía Metropolitana de New York. Es muy interesante ver esa ambigüedad estratégica. Hay para todos los gustos, discursos adaptables en un equilibrio que no es sistémico.
Paternain concluye que el segundo gobierno del Frente Amplio se caracterizó por la expansión de la capacidad punitiva del Estado, lo que incluye el fortalecimiento de la Policía, la aplicación de la Ley de Faltas y una fuerte apuesta a la tecnología que ha dado lugar a una “sociedad de vigilancia”, en el país de América Latina con más policías por habitante —indicador con el que los últimos gobiernos no han dejado de contribuir—. Respecto del proceso de militarización, el sociólogo disparó:
—Nosotros hemos ido en esa dirección, y la derecha ahora plantea cosas mucho más radicales. Estamos lejos de tener a las Fuerzas Armadas patrullando las calles como en muchos lugares de América Latina. Creo que por suerte hay resistencia a que eso ocurra. Pero vamos en un camino de aproximación. Se empiezan a ver ciertos fenómenos de presión.
Cree, no obstante, que el peor debe de la gestión de su partido es no haber sabido generar una alianza con sectores populares que permita llevar adelante una política de seguridad de izquierda, y sí haberla generado con otros actores que no precisamente comulgan con esas ideas. Se trata de acuerdos con “algunos sectores corporativos, algunos medios de comunicación, algunas embajadas”.
—Que un ministro del Interior vaya a firmar un contrato con William Bratton no parece ser una cosa de rutina, que la oficina de la Administración para el Control de Drogas [DEA por su sigla en inglés] se haya reinstalado en Uruguay tampoco parece ser un dato secundario —dice en referencia al empresario y actual jefe de Policía de Nueva York y a la agencia estadounidense de combate a las drogas.
Efectivamente, en 2014 el Ministerio del Interior firmó un “memorándum de entendimiento” con el Departamento de Policía de Nueva York. Paralelamente, en los últimos años, autoridades del Ministerio han asistido a múltiples conferencias, cursos y visitas informativas organizadas por la Embajada de Estados Unidos. El Ministerio también envía agentes a Israel, a realizar cursos de Policía Comunitaria, y a El Salvador, a las International Law Enforcement Academies, centros formativos creados por el Departamento de Estado estadounidense, considerados la “nueva escuela de las Américas”. Brasil es otro de los destinos frecuentes de la Policía uruguaya en sus misiones oficiales: “Prevención de violencia en áreas urbanas marginales”, “Operaciones policiales especiales” y “Seguridad para grandes eventos”, son algunos de los cursos auspiciados por el vecino norteño. Con Rusia el Ministerio también ha hecho migas: participa regularmente en cursos de capacitación y le compra armamento; además, el ministro Bonomi concurre anualmente al país para asistir a un difuso evento llamado Foro Internacional de Altos Representantes que Supervisan los Asuntos de Seguridad
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Cuando recientemente algunos sectores del Frente Amplio se atrevieron a pregonar en favor de la reducción presupuestal de las Fuerzas Armadas, Eleuterio Fernández Huidobro, ya como ministro de Defensa, supo ser coherente con su posición de hace más de una década y se mantuvo leal al camuflado. Despotricó entonces contra Constanza Moreira, nueva portavoz de la idea, pero el ministro y ella —entonces precandidata a la presidencia de la República— confluían en un punto: se permitieron hacerle la vista gorda al petit batallón que leudaba en los despachos del Ministerio del Interior.
No obstante, las plegarias antimilitaristas de Moreira no hacían sino contribuir a lo que Julián González Guyer, sociólogo especializado en temas de defensa, definió como “muerte lenta” de las Fuerzas Armadas. El indicador principal de este proceso es la rebaja constante en sus asignaciones presupuestales desde 1985, en correlación inversa con las del Ministerio del Interior, que aumentan.
Cuando en 2010 el gobierno intentó por primera vez transferir militares a la Policía, el ex presidente José Mujica, en una de sus audiciones radiales, indicó:
¿Cuál es el pecado abominable de que algunos soldados de este país pasen a servir y reciban educación policial para intentar dar más seguridad en las calles al pueblo? ¿Está mal? No, nos parece que es manera de buen gobierno en el sentido de que damos una prioridad sobre algo que nos impone la realidad hoy, pero lo usamos para mejorar también la situación económica de los militares.
Lo cierto es que, lejos de desaparecer, las Fuerzas Armadas ganan en atribuciones domésticas a la par que la Policía crece en jerarquía. “De a poco se va produciendo un proceso de maridaje en la relación policial y militar”, indica González Guyer, que integró la extinta Comisión de Defensa del Frente Amplio. Pero, a la vez, recuerda el viejo recelo de los militares hacia la Guardia Republicana y afirma que últimamente esta unidad ha pasado a funcionar como “contrapeso” del Ejército.
—Está la Republicana y está el Batallón 14. Pero hay una zona gris donde son intercambiables —dice, parodiando con los brazos el vaivén de una balanza.
En el mismo sentido una fuente con altas responsabilidades dentro del Frente Amplio y el Ministerio del Interior especuló acerca de la capacidad de la Republicana para equipararse a los militares, al tiempo que calificó de “ingenuo” el impulso dado a esta unidad por la gestión Bonomi:
—La Policía no se puede vestir de verde con esos camuflados que parece que les sobraron a los gringos de la Guerra del Golfo y que en la ciudad los distinguen desde cuadras a la redonda. Tampoco puede usar un fusil AK-47 o AK-103, que son armas de guerra, que disparás desde 200 metros y atravesás a 15 personas.
Que todo depende de la conducción política del aparato represivo, es lo que opina González Guyer. “El Estado está dejando hacer”, dice, en referencia a los fenómenos de equiparación de funciones entre Fuerzas Armadas y Policía. “En algún momento alguien va a tener que decir: señores, esperen un poquito”, agrega. Según González, hay fenómenos contemporáneos “complicados” vinculados a la criminalidad que amenazan al Estado y que requieren de actualizaciones. Sin embargo, estima que hay una suerte de indefinición programática en ese sentido. Y concluye: “El Frente Amplio está criando cuervos”
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Con la anuencia de todos los partidos con representación parlamentaria, la Guardia Republicana cumplió con la voluntad de sus mandos políticos. Actualmente, es el aparato represivo de elite más importante del país.
Su presencia en las zonas metropolitanas, suburbanas y rurales aumenta desde 2011 a la par que su capacidad armamentística, vehicular, tecnológica y que su cantidad de efectivos. En diciembre de 2014 el Ministerio del Interior licitó, por 99 millones de pesos, la construcción de nuevos alojamientos para la unidad.
En tanto, las “hipótesis de conflicto” que manejan los jerarcas para justificar el avance de este cuerpo se centran en la afirmación de que los delitos se complejizaron y de que existen grupos criminales con un alto poder de fuego. La tesis es alimentada, entre otros, por medios de prensa que aluden a la “favelización” de los barrios periféricos y por el Departamento de Estado de Estados Unidos que en su último informe anual sobre lavado de dinero y delitos financieros señala que Uruguay constituye actualmente una vía de paso del narcotráfico internacional.
En consonancia, la Guardia Republicana abandonó su práctica de intervenir en situaciones específicas y retraerse al cuartel: ahora está en la calle. En la capital se encarga de recorrer las “zonas complejas”, de apalear hinchas en los estadios y de vigilar las embajadas donde se prevé consumación de atentados.
En el interior, custodia —ante la incomodidad de los pobladores— un predio de 900 hectáreas de costa oceánica entre Valizas y Aguas Dulces, propiedad del Ministerio de Defensa, recorre balnearios del Este en temporada estival, realiza patrullaje fluvial y terrestre en municipios que empalman los departamentos de Maldonado y Canelones y hasta ha llegado a participar en asuntos aduaneros en la frontera Norte. Abandonó también su uniforme negro: desde 2014 utiliza un verde camuflado. Pero, por otra parte, no parece estar dispuesta a renunciar a su vieja costumbre de reprimir manifestaciones callejeras, para lo cual continúa instruyendo a sus nóveles aprendices.
Cuenta con varios “comandos especiales”: motociclistas, jinetes, perros y francotiradores. Entre sus pertrechos, estos últimos disponen de un fusil calibre 50 de fabricación nacional, bautizado “El Peregrino”, un arma cuyo disparo —según palabras de Bonomi en el Parlamento— puede despedazar el cuerpo de una persona. Su utilización está prevista para detener vehículos y aviones antes de despegar. En junio de este año, Rovert Yroa, su actual director, dijo a la diaria que se están haciendo gestiones para anexar helicópteros al caudal de la unidad.
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Sergio Lemos no estaba armado y los guardias involucrados en su muerte plantaron un arma para inculparlo. Según las declaraciones que constan en el expediente, el agente que lo asesinó declaró que disparó porque temió por su vida. El hecho volvió a poner en entredicho otro argumento que desde el Ministerio se esgrime frecuentemente: que la Guardia Republicana es un cuerpo preparado y confiable para operar en democracia. Visto el panorama regional y mundial en relación a la militarización policial, la sociedad uruguaya —mal que le pese al ministro del Interior— tiene motivos suficientes para arrogarse el derecho a la duda. Hacer una visita a las varias páginas no oficiales que los integrantes de esta milicia montan en las redes sociales quizá ayude.
“Lo cierto es que los sueños de la ‘seguridad’ crean monstruos. Y eso, desde la noche de los tiempos”, escribió recientemente el periodista Ricardo Ragendorfer, uno de los más experimentados conocedores del tema en Argentina. Aquí, el abuso policial es el principal motivo de las denuncias presentadas a la Institución Nacional de Derechos Humanos, según recientes declaraciones públicas de sus representantes (Brecha, 24 de abril), que también acusaron al Ministerio del Interior de demorar en responder informes requeridos. El ministro Bonomi desestimó esas faltas (la diaria, 22 de mayo) al asegurar que no le constan.
Sin embargo, en una resolución de junio de 2014, la Institución denunció el asesinato impune del joven Álvaro Sosa a manos de un policía, ocurrido en 2012 en el barrio Marconi.
En el mismo documento demandó que “en un plazo de 60 días hábiles” el Ministerio informara a la población acerca de avances en las medidas contra el abuso policial.
Ha pasado más de un año.No se comunicó ningún avance.
