Raúl Zibechi
Para llegar a la cárcel de Tacumbú, en Asunción, hay que pasar por una hilera de casas precarias levantadas por los inundados de los Bañados, que debieron dejar sus viviendas ante un nuevo desborde del río Paraguay. El ingreso al penal es rápido, gracias a la solidaridad de personas del Serpaj-Paraguay, BASE-IS, de la organización de mujeres campesinas Conamuri y de otros colectivos que nunca dejaron de apoyar a los presos. Todos campesinos. Todos encerrados bajo la “democracia” paraguaya.
Rubén Villalba es sobreviviente de la masacre de Curuguaty, el 15 de junio de 2012, una emboscada en la que perdieron la vida 11 campesinos y seis policías y desembocó en el golpe parlamentario que destituyó al presidente Fernando Lugo una semana después. Villalba era dirigente campesino y aún arrastra las secuelas de la bala que impactó en su cabeza, sufre cefaleas, perdió la mayor parte de la visión y no tiene atención médica.
Basiliano Cardozo, Gustavo Espínola, Arístides Vera, Simeón Bordón, Roque Rodríguez y Agustín Acosta llevan más de ocho años presos, imputados inicialmente por “omisión de aviso de hecho punible”, que luego el Ministerio Público modificó por homicidio, secuestro y asociación criminal, aunque un juez penal rechazó el pedido de prisión preventiva. Todos ellos pertenecieron a movimientos campesinos y a la organización Patria Libre, que fue destruida por la criminalización de gobiernos, justicia y terratenientes.
Nos recibieron en el “sótano” del penal, donde se torturaba a presos políticos durante la dictadura de Stroessner. Todos manifestaron que no están arrepentidos, que siguen en la lucha, que se sienten “víctimas de la política del imperialismo” y de un Poder Judicial que ha violado sistemáticamente sus derechos. Los seis campesinos fueron acusados de un secuestro, pero el Ministerio Público cambió los hechos punibles sin darles la oportunidad de de dar su versión para la defensa.
Los organismos de derechos humanos afirman que “la sentencia ya se encontraba escrita” cuando se llega al juicio oral, que el tribunal dio por probados hechos por los que no fueron acusados, y se violó su derecho a ser juzgados en un plazo razonable, no teniendo aún sentencia firme. Los seis campesinos se habían refugiado en Argentina, donde fueron detenidos en mayo de 2006 y extraditados en diciembre de 2008. La justicia paraguaya desconoce esos dos años y medio que han estado recluidos en Argentina. Ellos se consideran “perseguidos por su pertenencia de clase y política”.
En el caso de Curuguaty hay 12 personas procesadas con arresto domiciliario, entre ellas una adolescente. En ambos procesos se ha mostrado la falta de imparcialidad e independencia de la justicia, como ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso de Curuguaty.
El informe más reciente de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) destaca que en el país se ha implementado “una política de eliminación física de campesinos organizados”. Difundido a principios de agosto, el Informe Chokokue 1989-2013 lleva un subtítulo significativo: “El plan sistemático de ejecuciones en la lucha por el territorio campesino”. Denuncia que en casi 25 años de democracia fueron asesinados y desaparecidos 115 dirigentes y militantes de organizaciones campesinas.
El 67 por ciento de los asesinatos fueron perpetrados por “bandas parapoliciales”, 31 por ciento por policías y militares y 2 por ciento fueron muertos cuando estaban bajo custodia de la fuerza pública. Todos los casos terminaron impunes, en medio de procesos fraudulentos “que tuvieron por finalidad evitar que sean investigados todos los responsables, especialmente los autores morales”.
Codehupy asegura que el “plan sistemático de ejecuciones” sería inviable sin el apoyo complaciente del Ministerio Público y el Poder Judicial. Agrega que los asesinatos coinciden con los ciclos electorales, con picos hacia la mitad de los mandatos presidenciales y descensos durante las elecciones, lo que “permite establecer conexiones entre la política y el plan de ejecuciones”.
La masacre de Curuguaty, señala, es un hecho excepcional por las consecuencias políticas, por la concentración de la mayor cantidad de ejecuciones en un solo evento y porque “marca el inicio de una nueva época en la represión a la protesta campesina”.
Tres hechos deben ser destacados. Uno, el endurecimiento de las normas penales. Cortar una ruta en una marcha pacífica es susceptible, a partir de 2010, de ser penalizado como si fuera terrorismo. La pena por invadir un inmueble, otra práctica común del campesinado, fue subida de dos a cinco años.
Dos, los hechos que denuncia Codehupy no son casuales ni fruto de desbordes ocasionales de mandos policiales o militares, sino parte de un ataque planificado contra la población campesina, “con el objetivo de forzar su desplazamiento para apropiarse de sus territorios” mediante “métodos de terrorismo de Estado”.
Tres, la impunidad. “Paraguay está lejos de ser una democracia, mientras los militantes de los excluidos sociales pueden ser asesinados con la seguridad de que esos crímenes quedarán impunes”, concluye el informe.
Los presos políticos, los más de 100 asesinados y los miles desplazados por las inundaciones de los Bañados, son todos víctimas de un modelo de acumulación que necesita de la violencia para seguir prosperando. Los habitantes de los Bañados son campesinos expulsados de sus tierras a lo largo de medio siglo, ocuparon los peores lugares de la ciudad y ahora la especulación inmobiliaria los quiere echar para levantar torres de lujo.
Los asesinatos y desapariciones están destinados a impedir el crecimiento de las organizaciones que luchan por la tierra. Los presos y los muertos son el chantaje del sistema a todos los que se atrevan a desafiarlo. Pese al Estado policial, los movimientos ganaron las calles y cortaron rutas al cumplirse, el 15 de agosto, el primer año del gobierno represivo y golpista de Horacio Cartes.
