¿Bajar o no bajar la edad de imputabilidad? ¿Es en verdad esa la cuestión? ¿O es tras ella que se enmascaran y ocultan otras problemáticas?
Como en el efecto producido por un foco, que apunta con toda su potencia resaltando un punto, un ángulo de la realidad, el resto de la misma queda invisibilizado. Se pone el foco sobre la “inseguridad”, el delito y los menores infractores, en una imagen distorsionada, donde: delito, jóvenes y pobreza parecen ser lo mismo.
Esto no quiere decir que no visualicemos ningún problema en relación a la violencia y la “seguridad” actualmente. Es verdad que estamos viviendo en una sociedad violenta, pero, ¿qué violencias vemos o nos muestran, nos enfocan y cuales permanecen ocultas? ¿A qué intereses responden tanto el poner el acento en algunos puntos, como invisibilizar otros?
En el diseño de las políticas de control, es importante la construcción de un otro, un enemigo interno en el que depositar los miedos propios y toda la violencia que estos generan.
Se define un chivo expiatorio donde colocar los problemas conformando un fuerte proceso de estigmatización, ubicando como el “enemigo interno” fundamentalmente al joven, pobre, no blanco y con esto se busca velar todas las otras inseguridades y violencias que sufrimos como sociedad cotidianamente; funcionando paralelamente como argumento óptimo para aumentar la represión y el control en todos los sectores que sean potencialmente peligrosos para la acumulación del capital (lo que además representa un negocio muy lucrativo para el mismo: empresas de seguridad privada, cárceles, etc.).
Se apunta a las pobres; se diseñan políticas focalizadas, operativos de control social. El foco está puesto sobre ellos y ellas, se plantea intervenir sobre los pobres, eliminar los pobres. Se mueve el foco del verdadero problema: la riqueza, la concentración de la riqueza; pretendiendo sacarla del foco, porque verla nos obliga a comprender cuál es nuestro verdadero enemigo y esto es justamente lo que trata de ocultar.
Desde las políticas públicas, se fragmenta con políticas diferenciadas de educación, vivienda, espacios públicos; lo que va construyendo geografías, territorios diferenciados y distanciados.
Con el argumento de la lucha contra el narcotráfico y por la seguridad, se desarrollan dispositivos de diciplinamiento (razzias, gatillo fácil, mega operativos) donde a partir de la naturalización de la asociación: pobreza = delito, se construyen zonas despojadas de derecho.
Esto no es nuevo, ni original, pues es una construcción que se viene llevando adelante desde hace tiempo, pero con un especial impulso a partir de la supuesta lucha contra “el terrorismo” encabezada por Bush y Tony Blair, se ha trabajado en la legitimación de la tortura, detenciones arbitrarias y demás prácticas, creando una zona de no derecho en la que cualquiera puede caer y quien se considere peligroso para el mantenimiento del sistema, está en la mira.
Todos estos aspectos resultan funcionales para el control y disciplinamiento de la población en su conjunto y el ejercicio de la violación de las “garantías individuales”, a favor de una supuesta “seguridad democrática”.
En estas construcciones quedamos paralizados, incapacitados para la autonomía, presos del pensamiento heterónomo, que nos devuelve la realidad de un único modo posible, el del poder.
Actualmente se produce una fractura en los discursos y políticas de derechos humanos, pues mientras “se valida” la reivindicación de los mismos en relación a la dictadura (que de más esta aclarar que es totalmente valida), se oculta y niega que los derechos humanos de los y las pobres son los más atacados por las políticas del capital.
Este ataque es sistemático y es llevado adelante por parte del propio Estado, que dice proteger dichos derechos; mientras sabido es que en cárceles y comisarías tanto de menores de edad como de adultos, se realizan cotidianamente prácticas que asociadas a la dictadura serían sin duda consideradas torturas (picana, submarino, plantón, etc.) y ahora parece ser que no lo son, o no lo son cuando se aplican a un determinado sector de la sociedad.
Volvemos a preguntarnos entonces, si el problema es la “inseguridad” o ésta es la pantalla que se utiliza para ocultar el saqueo que se sigue realizando sobre nuestros pueblos.
¿Cuál ha sido el proceso para que hoy se haga una asociación prácticamente inmediata de la seguridad con la represión y resolución de conflictos de modo violento y punitivo? ¿Por qué al hablar de seguridad, no pensamos por ejemplo en la seguridad de ejercer el derecho a la vivienda, salud, educación, seguridad alimentaria o trabajo?
¿Es pensable realmente que la solución para algún problema y éste en particular pasa por el encierro? ¿No esta siendo acaso la privación de libertad el mecanismo que están aplicando los estados como forma de “resolver” la inequidad social?
Más que no a la baja, debiéramos decir No a las cárceles, pero también no a los falsos discursos que mientras hablan de la defensa de los DD.HH. y del niño, envían leyes desde el propio Poder Ejecutivo con el mismo corte represivo, entre ellas: el mantenimiento de los antecedentes penales para los menores y el aumento de las penas para los mismos.
Más que no a la baja, algunos y algunas pensamos que debemos proponer pensar en medidas que no pasen por la punición y el encierro de las personas. Porque la baja de la edad de imputabilidad, que en realidad lo que propone es que se juzgue a menores de 16 años como si fueran mayores de edad no es solución y en verdad agrava el problema, pero tampoco son solución los centros de reclusión en los que menores y mayores de edad actualmente son sometidos diariamente a la violación sistemática de todos sus derechos.
Pensar juntas y juntos respuestas y acciones colectivas, que nos permitan salir de la lógica punitiva y represiva instalada actualmente en nuestra sociedad es un desafío que tenemos por delante, quienes pretendemos vivir en una sociedad verdaderamente justa, donde no existan las cadenas, sin oprimidos ni opresores.
