En 1989, la militancia izquierdista (partidista y de los movimientos sociales), desde una visión montevideo-céntrica, supuso con error que la mayoría de la población del Uruguay apoyaría a través del voto su iniciativa de referéndum contra la ley de impunidad que la mayoría parlamentaria había consagrado para preservar del brazo de la justicia a los torturadores y asesinos de la última dictadura cívico-militar.
Hacían una doble mala lectura: por un lado suponían que los perseguidos por la dictadura eran considerados parte de la comunidad nacional con igualdad de derechos y que por ello habría empatía y conciencia por parte de los ciudadanos uruguayos, más allá de su inclinación partidaria, acerca de la universalidad de los Derechos Humanos y la importancia de su defensa para la consolidación de una democracia plena.
El éxito de la propaganda derechista pre-dictatorial, dictatorial y pos-dictatorial era tal que "los comunistas", como se definía in totum a los izquierdistas, anarquistas y socialdemócratas, eran pensados poco menos que como agentes foráneos, responsables de su propia tragedia por haber desafiado al Estado.
"Algo habrá hecho", se decía cada vez que uno caía preso o desaparecía. La segunda mala lectura era una visión excesivamente triunfalista del plebiscito de 1981 sobre la constitución militarista, cuyo resultado negativo para el gobierno dictatorial significaba más bien que las mayorías preferían un régimen democrático formal sin la participación militar en el gobierno, un retorno a la tranquilidad previa y el fin de la militarización del cuerpo social; pero esto no significaba -como querrían los izquierdistas- un rechazo a todas las prácticas dictatoriales, entre ellas las prácticas de represión brutal contra la izquierda.
La derrota del "Voto Verde", que buscaba derogar la ley de impunidad, consolidó lo que combatía: la impunidad. Entonces se responsabilizó al "miedo" generado por los militares; no es que no lo hubiera, pero véase el mecanismo defensivo que implicaba negar la realidad del rechazo popular a la defensa de los Derechos Humanos.
Veinte años después, la misma izquierda (ya que no hubo recambio generacional en los cargos dirigentes del Frente Amplio y del PIT-CNT, salvo excepciones) comete el mismo error.
El ambiente era mucho más propicio: estábamos en el pasaje de un gobierno del Frente Amplio a otro, y por un ajustadísimo porcentaje, no se llegó a un 50% de voluntades ciudadanas para anular la ley de impunidad.
Esta vez se culpó a connotados dirigentes del Frente Amplio cuyos sectores "no ensobraron", así como al PIT-CNT, que brindó escaso apoyo a la coordinadora pro-plebiscito.
Ambas cosas ocurrieron, pero otra vez aparece la negación: si ante la ausencia de miedo, la segura continuidad de gobiernos de izquierda (ahora ya no revolucionaria ni socialdemócrata sino neoliberal, pero con las mismas caras) y la presencia de un entorno geopolítico que hacía improbable e insostenible una intentona fascista militar o civil, no se logra convocar a la mayoría simple de la población para defender el derecho a la vida de todos los ciudadanos, la igualdad ante la ley, el enjuiciamiento dentro de la ley y con todas las garantías de debida defensa para que la próxima vez los funcionarios del Estado piensen dos veces antes de violar, torturar o asesinar a un ciudadano indefenso, hay que leer otro mensaje en ese resultado.
Hablo con mis amigos de Tacuarembó y los veo embriagados por el triunfo político que significó tanto la recolección de decenas de miles de firmas en favor de un plebiscito departamental contra la minería de gran porte o a cielo abierto, como el rechazo de la Corte Electoral al procedimiento (lo cual más allá del ajuste técnico de los argumentos debilita políticamente al gobierno), la votación histórica de la Junta Departamental (con la oposición de los votos de la izquierda que gobierna a nivel nacional) que declara al departamento libre de minería a cielo abierto.
Quizás al lector le haya ocurrido en alguna etapa de su vida o le ocurra actualmente: cuando nos movilizamos por una causa que sentimos es justa, sumamos apoyos y obtenemos logros y visibilidad pública, sentimos que podríamos asaltar el palacio de invierno si nos lo propusiéramos, pero si tomamos una mínima distancia con los hechos, vemos que es la embriaguez de la lucha y sus victorias siempre parciales.
En el caso de Tacuarembó y la minería, hay que leer que además de una innegable sensibilización por el cuidado del medio ambiente ha jugado a favor de la causa anti-minera el apoyo a la misma de las clases sociales vinculadas a la pequeña y mediana estancia (tanto propietarios como trabajadores), es decir, estancieros y trabajadores afincados en el medio rural y sus familias en el medio urbano.
La minería amenaza a la ganadería y a la agricultura en territorios donde las mismas con el eje de la construcción identitaria y el principal modo de acumulación de riqueza. Extrapolar esa configuración de fuerzas favorable a todo el territorio nacional es un error garrafal.
La propia minera Zamin Ferrous se ha interesado por el tema, y hasta el Presidente de la República, que ha hecho del anti-ecologismo su bandera, se muestran favorables a dirimir la contienda en un plebiscito nacional, ya que las encuestas realizadas por las principales consultoras dan una mayoría "cómoda" a quienes apoyan a la minería.
¿A qué se debe ese apoyo?
Por un lado, hay que tener en cuenta que la educación ambiental en Uruguay fue inexistente para quienes hoy tienen más de 30 años de edad, quienes compraron sin discusión ni indagación personal la marca turística "Uruguay País Natural" y hoy no les parece que ello sea contradictorio con la minería a cielo abierto y creen que Uruguay no está contaminado porque la contaminación no se ve cuando van en automóvil por la ruta.
Luego, la educación ambiental hoy difusamente institucionalizada, tanto en escuelas como en liceos y en la educación informal vía ONGs, es, como he dicho en otro lado una "mala educación ambiental", porque se centra "en lo que se puede hacer desde la vida cotidiana", desde "el consumo", sin problematizar por un lado el papel de los medios de comunicación y el marketing en la formación de los hábitos de consumo asociados al desarrollo de la personalidad consumista, y por otro el rol de los grandes contaminantes: el Estado y las grandes empresas, generando a su vez una sobrecarga de responsabilidad y frustración en cada persona.
Sumémosle que a nivel nacional, hay una mayoría casi unánime de los dirigentes políticos de derecha e izquierda en favor de la minería y de la explotación de la naturaleza sin muchos miramientos.
Sumémosle la confianza (inmerecida) en el gobierno y en la agencia estatal de control ambiental, así como en la legislación ambiental (que cualquiera que se moleste en leerla verá que es risiblemente permisiva con las empresas).
Sumémosle el apoyo en bloque de los grandes medios de comunicación a este tipo de emprendimientos.
En toda esta configuración ha jugado un papel clave el retroceso cultural de décadas que hemos tenido en materia de política ecológica luego del triunfo de la izquierda, para la cual cualquier actividad productiva es compatible con la naturaleza si se toman los recaudos necesarios y la propia naturaleza, una vez dañada, puede reconstruirse por la (divina) intervención humana.
Finalmente, la razón económica: nosotros, los ciudadanos individualistas ingenuos que produce el capitalismo pos-industrial, hemos entronizado como máximo valor al dinero, y cualquier propuesta que se demuestre capaz de generar ganancias que de algún modo engorden nuestro bolsillo, es bienvenida. Hay que releer el mecanismo de la democracia directa en un orden republicano liberal.
¿Es siempre conveniente?
Una postura fundamentalista en favor de la democracia directa podría llevarnos por el camino del error, y de hecho lo está haciendo.
¿Qué hay detrás de dicha postura?
Una visión idílica de "el pueblo", cuya raigambre histórica es a la vez izquierdista y se entronca con los aportes medievales del artiguismo y sus "asambleas populares".
Desde una mirada analítica, no hay una sola evidencia para creer que la población en masa, convocada a votar, no se pueda equivocar.
De hecho lo hace con frecuencia quinquenal. Hay además aquí un error de escala.
Si tomamos como unidad de decisión política una cuenca o una localidad, es más probable que se de una mayor inclinación por la preservación del ecosistema que si tomamos como unidad de decisión política al país entero, porque en él es abrumadoramente mayoritaria la población que estará a una distancia tal del lugar de mayor impacto visual de la actividad productiva depredadora que creerá que no se verá afectada por la misma, y aún si tiene alguna noción del riesgo, dará prepondrancia a su ilusión económica.
En el caso de una escala local habrá un enfrentamiento entre los potencialmente beneficiados económicamente por el emprendimiento contaminante y los perjudicados más los que asuman los perjuicios ambientales más allá de lo económico y la cosa se podrá saldar en un sentido u otro, pero a nivel nacional, crece largamente el primer partido.
No abogamos entonces por una dictadura de los intelectuales iluminados, ni por la exclusividad del voto para las personas con mayor nivel educativo, sino por una moderación política, por un uso racional y meditado de los mecanismos democráticos.
Así como constituye un error plebiscitar los Derechos Humanos, porque en sociedades donde el miedo implantado por el discurso de la seguridad hace que la mayoría esté a favor de una acotación de los mismos a los "buenos ciudadanos" y no percibe el peligro que dicha segregación entraña para su propia libertad, también lo constituye plebiscitar las condiciones ecológicas de vida de la población, porque no están dadas las condiciones para que la mayoría de la población pueda asociar su salud con el estado del medio ambiente, con la calidad de su alimentación; mucho menos para relacionar el volumen de energía extraído de un ecosistema con el grado de concentración del poder requerido para gestionarlo. Juntemos firmas para manifestar opinión, para generar hechos políticos, para realizar petitorios y reclamos, para promover juicios, pero no para promover un plebiscito cuyo abordaje político-publicitario requiere medios financieros enormes, que aún si estuvieran presentes, no podrían desbordar el muro de contención mass-mediático ni revertir tendencias culturales de largo plazo.
Hay que pensar precisamente en el mediano y largo plazo y ver el ecologismo como un movimiento o unos movimientos profundamente democratizadores, a través de la producción cultural y artística, la manifestación callejera, la resistencia en los focos de conflicto ambiental, la creación y comunicación por la escritura y los multimedios, la intervención en las redes sociales y otras actividades capaces de dar visibilidad al problema ecológico y acercar a la población soluciones y formas de pensar y actuar ecológicas capaces de contraponerse al desarrollismo y al neoliberalismo, sea de izquierda o de derecha.
Hagamos una lectura positiva: según la última encuesta de CIFRA, publicada por Zamin Ferrous, el 23% (1) de la población estaría en contra del proyecto Aratirí.
¡Es un resultado maravilloso! Toda la campaña anti-mintería se ha hecho a través de la militancia ecologista, de los esfuerzos académicos más o menos difusos, de los aportes de algunas personalidades del mundo artístico e intelectual, y siempre por medios no convencionales, porque la participación en radio y TV ha sido muy limitada, debiendo recurrirse a Internet, las radios comunitarias, la incidencia problematizadora de algunos docentes en sus aulas y el motor del crecimiento político de la izquierda clásica: el boca a boca, la charla en el entorno familiar, en el barrio y en los lugares de trabajo.
La movilización de esos "modestos" recursos ha logrado que casi 1 de cada 4 uruguayos opine distinto a lo que opina la casi unanimidad de los canales de radio y TV, los diputados, senadores y dirigentes del Partico Colorado, el Partido Nacional y el gobernante Frente Amplio. Milgram estaría asombrado de esa desobediencia masiva a la autoridad.
Es un gran punto de partida.
Andrés Núñez Leites
Notas:
[1] Encuesta de CIFRA en la página de Aratirí: https://www.aratiri.com.uy/noticias/55-de-los-uruguayos-aprueba-el-proyecto-aratiri/
Ilustración: Pertenece a Rachel Titiriga y se encuentra bajo una Licencia Creative Commons: Some rights reserved
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