Nota y foto: Siboney Moreira
El pedido de desalojo de unas veinte familias de un predio en Solymar pone sobre la mesa la problemática del acceso a la vivienda digna en nuestro país. Zur se acercó hasta allí para conversar con estos vecinos.
¿Cuántas Carolin, María y José hay en nuestro país? Son muchos más de lo que creemos y, aunque no los vemos, nos los cruzamos todos los días. Se trata de relaciones de injusticia y desigualdad que estigmatizan la pobreza, donde la hipocresía de la burocracia institucional también hace su juego priorizando a unos pocos.
Carolin tiene 21 años, vive con su compañero y sus dos hijos pequeños de dos y cuatro años. Hace poco más de doce meses tomaron la decisión de instalarse en el predio como forma de brindarles a sus hijos una vivienda digan.
Mientras que su pareja trabaja todo el día, de lunes a lunes, Carolin cuida a los niños y asume las tareas del hogar. El dinero no les da para mucho, menos aún para pagar un alquiler.
A los quince años se fue de su casa para vivir con su pareja. Consiguieron una casa de un techo para mi país en el asentamiento Vida Nueva. Las condiciones eran bastante desfavorables: una zona de bañado que se inundaba, sobre todo cuando llovía, donde los fluidos del pozo negro se filtraban en forma permanente burlando el relleno que con esfuerzo colocaban en el terreno. La precaria casa prefabricada, que debería durar unos cinco años, se estaba viniendo abajo a pesar de los intentos por mantenerla a flote. La humedad, los olores, el frío hacían de ese espacio, que debería ser su hogar, un lugar no apto para criar a dos niños tan pequeños.
Las condiciones se hicieron así cada vez más insostenibles y entre la desesperación y la desazón tomaron la opción de mudarse a una de las casas abandonas del km 27.200.
La mudanza la hicieron de a poco en una semana y en carro, porque pagar $1500 por seis cuadras no tenía sentido ante tantas otras necesidades. Ayudados por las familias que hace más tiempo viven allí, y con la colaboración de otros vecinos de la zona que cada tanto se acercan para tenderles una mano a quienes están instalados en el predio, fueron colocando maderas y nylon que hacen de ventas y puerta. Así Carolin y su compañero le dan a sus hijos un hogar un poco mejor donde vivir, porque si bien tienen claro que las condiciones en las que están siguen siendo precarias, sin duda son mucho mejores que las que tenían antes y mejores aún que estar en la calle.
María y José tienen 52 y 46 años respectivamente. José trabajaba en la construcción pero a principios de este año le diagnosticaron una enfermedad que le impide seguir trabajando. El seguro por enfermedad y alguna changa en la feria, con las cosas que los vecinos solidariamente llevan al predio, le permiten juntar alguno mangos para la familia. María, al igual que él, tiene trabajos esporádicos, porque cuando se enteran que vive allí no quieren contratarla. Lo mismo le pasa a otras familias del lugar.
Con ellos viven también dos hijos: una joven que va al liceo de Solymar y un adolescente que colabora aportando algún peso a la casa y dando una mano a su padre y los vecinos en el acondicionamiento del predio.
La enfermedad de José, que lo dejó sin trabajo, hizo que la familia no pudiera sostener el alquiler que pagaban. Su situación en ese momento fue una sumatoria de peripecias y angustias. María sabía de este lugar, como todos los que viven en Solymar. Habló con su compañero e hijos y decidieron irse a vivir allí.
Al igual que Carolin, María y José son conscientes que este predio no es el lugar más digno para vivir. Pero al igual que para todas las familias que llegaron y se instalaron allí, la decisión significó y significa una alternativa a la calle.
Este terreno, ubicado poco después de Lomas de Solymar, se encontraba abandonado desde hace más de 14 años. La mayoría de las familias están compuestas por madres solteras y embarazadas. Además hay más de setenta niños menores de 12 años, todos ellos viviendo en casas a medio terminar. Son, como ellos se denominan, veinte familias sin techo que reclaman por su derecho a una vivienda digna.
Según los relatos de los habitantes, el predio pertenecía a unos extranjeros que pretendían hacer del lugar un complejo habitacional; solicitaron un préstamo y ante el endeudamiento se retiraron del país con el dinero que tenían. Una estafa que dejó un terreno con construcciones a medio hacer, duplex sin ventanas ni puertas, otros sin el segundo nivel finalizado y sin techo.
El lugar sirvió durante mucho tiempo como “aguantadero” donde se tiraban los restos de robos cometidos en la zona, y como lugar de acogimiento a consumidores de drogas.
Cuando hace dos años algunas familias se instalaron, muchos vecinos los recibieron con gran aceptación porque esto evitaba seguir transformando el predio en un “lugar de nadie”. Las familias llegaron de a poco, tomaron posesión del terreno, lo limpiaron y acondicionaron para hacerlo habitable. Un vecino de la zona puso el dinero para realizar la instalación de cañerías para el agua. Y así, de a poco, cada uno fue “haciéndose” su casita, haciendo del espacio que le toca un lugar de resguardo para la familia.
Las personas que fueron llegando provienen de diferentes lugares, desde asentamientos cercanos hasta lugares más alejados, como Paso Carrasco. Muchas de esas familias vivieron un tiempo en la calle, yendo de un lugar a otro, hasta que finalmente tomaron el riesgo de instalarse en este lugar. Como comenta Carolin “somos familias que no tenemos donde más estar, y vimos en esto una oportunidad para darle a nuestros hijos un lugar mejor donde vivir. Sabemos que lo que hacemos puede considerarse un delito, pero estamos acá, no porque queremos, sino porque no tenemos otro medio para tener una vivienda digna”.
A fines de julio las familias recibieron un anuncio de desalojo. Personal policial se acercó al lugar para informarles que se había abierto una causa judicial por desalojo, al considerarlos intrusos. Más recientemente se levantó además una causa penal por usurpación. La primera notificación planteaba a las familias, sin previo aviso, que en 48hs debían dejar el lugar. Además se colocó una garita policial en la entrada del predio para evitar que más personas se fueran a vivir allí.
Por lo que cuentan los habitantes, el conflicto se desencadenó a partir de la denuncia de ocupación que efectuaron algunos comerciantes de la zona, en particular el supermercado Disco y el Abitab que se encuentran frente al predio, del otro lado de la ruta.
Lo que no está claro es si hay intereses comerciales detrás de esta situación, ya que institucionalmente está encabezada por la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Esto simboliza para las veinte familias una doble indignación: los ámbitos institucionales que deberían protegerlos no solo que no lo hacen sino que son justamente los que están solicitando el desalojo, sin voluntad de generar ámbitos de diálogo para encontrar una solución al problema habitacional.
“Acá somos todos trabajadores, no somos vándalos y estamos apelando al diálogo. Lo único que queremos es llegar a un acuerdo y encontrar una solución, sobre todo por lo chicos. Uno grande se revuelve, pero a un niño cómo le decís que un día tiene un techo calentito y al otro día no. Nosotros estamos dispuestos a pagar una cuota accesible par quedarnos en este lugar, pero del otro lado la respuesta sigue siendo la misma. Si me dan el desalojo me obligan a irme a la calle, como a todos acá, porque de verdad que no tenemos donde ir” comenta Carolin.
Carolin nos cuenta que desde que las familias se instalaron en el predio se organizan para resolver problemas cotidianos. Entre todos juntan dinero para pagar los honorarios del abogado, comprar o conseguir materiales para acondicionar los caminos o las casas. “Somos una comunidad donde cada uno pone su granito de arena, aporta lo que puede, para hacer que esto funcione”, explica.
Así, recientemente conformaron la comisión de los Sin Techo, entendiendo que esta es la mejor forma de resistir y denunciar la situación de hostigamiento, presión y estigmatización que la institucionalidad a desplegado sobre ellos.
En un comunicado (que desde hace días circula por las redes sociales) la comisión denuncia que tienen “casi a diario a la policía e integrantes de la ANV, persiguiendo, controlando, estigmatizando, y presentándonos casi como 'delincuentes' ante la sociedad y los vecinos (...) Los pobres somos estigmatizados, perseguidos, amedrentados. Los pobres de hoy somos consecuencia de muchos años de políticas de exclusión. Nuestros hijos, serán los pobres y estigmatizados de mañana”.
Los Sin Techo manifiestan: “basta de represión, basta de promesas electorales pomposas, basta de mentiras e hipocresía” y hacen responsable por todo lo que padecen “a la institucionalidad en su conjunto. Poder político, parlamentario, judicial y demás organismos de un estado que satisface las necesidades de los ricos, sobre nuestras desgracias”.
El derecho a la vivienda digna es su mayor reclamo y tienen claro que como ellos hay muchos en nuestros país. Con indignación y las voz trunca Juan nos dice que “Si nos sacan armaremos una carpa en la vereda y una olla popular para los niños. Nos sacan de acá y nos mudamos al frente. Porque queremos que nos entiendan; nosotros no tenemos donde vivir. Somos seres humanos. Somo gente de laburo”.
Tomado de ZUR
