Como se sabe, el 12 de enero último pasado un terremoto de
7.3 en la escala de Richter devastó algunos departamentos de Haití
provocando - según cifras oficiales - 300.000 muertos, otros tantos de
heridos y más de 1.500.000 personas quedaron sin hogar. Ocho meses
después, ante la indiferencia de las autoridades - tanto nacionales como
extranjeras -, crecen la indignación y el descontento en todo el
país. En efecto, desde aquel 12 de enero, las condiciones inhumanas
prevalecentes en los 1500 campos de refugio instalados en las zonas
afectadas muestran claramente que la crisis humanitaria está lejos de
ser solucionada. Asimismo, la cólera sube y los residentes de dichos
campos salen a la calle para exigir el respeto a sus derechos de tener
una vivienda digna, salud, comida, trabajo y educación. Cabe señalar
que muchos de ellos ya fueron expulsados brutalmente por la fuerza
policial hacia lugares más lejanos de los centros de poder y de
decisión, teniendo en cuenta que varios dueños de esos terrenos
reclaman el respeto al derecho de propiedad. Ante tal situación, los
conflictos se multiplican; sobre todo cuando el gobierno de René
Garcia Préval se conforma alegremente en el rol de asistido y confirma
que hará respetar el derecho a la propiedad privada.
Ahora bien, para tener una idea más precisa del drama que se
vive, vamos a recordar algunos datos. Según Adam Fysh, responsable de
Cluster Abri (una Asociación de organizaciones internacionales que
intervienen en la problemática de los sin techos en Haití) confesó.
"sólo se construyeron 10.000 "casas transitorias" por un costo de 1500
a 2000 dólares norteamericanos cada unidad". Un verdadero escándalo,
porque sabemos que la financiación para la construcción de más de
120.000 viviendas estuvo disponible desde hace varios meses. Por lo
tanto, las ONG`s disponen de más de 200.000.000 de dolares
norteamericanos para construir dichas "casitas". Según Fysh, la
lentitud se debe a las dificultades para la entrega de los materiales y
por el problema legal de propiedad.
Es menester señalar que esta situación catastrófica no se
registra únicamente en el tema de la construcción, sino que es similar
en el de la comida, de la salud, de la educación, etc. Mientras tanto
el gobierno haitiano en vez de elaborar un Proyecto capaz de ofrecer
soluciones concretas a esos problemas tan acuciantes y aplicarlo,
tiene otra prioridad: organizar elecciones presidenciales y
legislativas el 28 de noviembre próximo. Elecciones que fueron
rechazadas por varios partidos políticos, sindicatos, asociaciones
campesinas, estudiantiles, etc. Inclusive, algunos llamaron al boicot
de las mismas, y otros a la formación de un gobierno de transición y
la de un nuevo CEP (Consejo Electoral Provisorio) independiente del
Ejecutivo y de la llamada Comunidad Internacional.
Se trata de decisiones correctas, pues a nadie se le puede
escapar que esta farsa electoral que están preparando no sólo no podrá
aportar alivio a la urgencia extrema actual sino también porque Haití
se encuentra bajo ocupación militar extranjera desde hace ya varios
años. Por supuesto, el gobierno consiguió a 19 payasos y energúmenos
que se presentaron como candidatos a presidente y un número mayor para
las legislativas.
Sin duda la abstención será impresionante, pues nuestra gente
entiende que la solución no pasa por esta mascarada cínica y
criminal, sino por la lucha para recuperar nuestra soberanía, nuestro
derecho a la autodeterminación. Y todo ha de empezar por el retiro
inmediato de las tropas del imperialismo norteamericano como así
también las de la MINUSTAH (Misión de las Naciones Unidas para la
Estabilización de Haití). Por ello, aparece indispensable e
impostergable la solidaridad de los pueblos y de las organizaciones
progresistas del continente y del mundo dejando atrás la visión de que
Haití tiene que ser asistido. Estamos viviendo un tiempo de
definiciones.
Henry Boisrolin
