No fue una huelga salvaje. Ni una protesta sindical "desproporcionada". Allí -en el "movimiento obrero organizado"-, la "auto-regulación" funciona de la mano del PIT-CNT. Por si acaso, la mesa de negociación siempre está servida.
Tampoco fue una acción de la disminuida "izquierda radical", donde los "violentos" -dice un informe de la Dirección Nacional de Inteligencia-, "no son más de 50" en 1.500. Alcanza con tenerlos "bajo observación".
Se trató de otra cosa. Mucho más seria y preocupante para el gobierno progresista. Una insubordinación social en pleno territorio de la pobreza extrema. Donde -según el Jefe de Policía de Montevideo-, ocurrió una "grave desobediencia ciudadana". Que enfrentó el accionar represivo de la "fuerza pública". Inadmisible. Porque el monopolio del uso de la violencia le corresponde a las instituciones armadas del Estado.
Desde el domingo 14 hasta el martes 16 de octubre, el barrio Marconi fue una zona de guerra. Más de 100 efectivos de la Seccional 12, la Guardia Republicana y el Grupo Especial de Patrullaje Preventivo, acompañados de perros y francotiradores, tendieron un cerco de hierro. Las calles estuvieron cerradas. No circularon ni ómnibus ni taxis. Nadie entraba, nadie salía.
Todo empezó cuando la Policía entró al barrio en busca de unos "rapiñeros" que habían asaltado una panadería. Apresaron a nueve sospechosos. Alrededor de 100 vecinos reaccionaron indignados, violentamente, con insultos, pedradas y alguna bala. Decenas de niños respondieron a la presencia policial: "Parecían palestinos tirándoles piedras a un tanque israelí" (El Observador, 15-10-2012). La Policía respondió con disparos y se retiró del barrio con los detenidos. En la calle quedó caído Álvaro Nicolás Sosa Gutiérrez, un joven de 25 años que, según los vecinos, no robaba ni estaba junto a los presuntos "rapiñeros". Murió más tarde en una policlínica cercana.
Testigos aseguran que un policía gatilló la bala que lo mató. Autoridades del Ministerio del Interior "no lo aseguran ni lo descartan". El juez Nelson Dos Santos, a cargo de la causa, dijo a la prensa que el caso es "confuso". Otra fuente judicial señaló que de acuerdo a la declaración de los policías "es probable que la bala haya salido de una de sus armas", pero puede tratarse de "legítima defensa".
Cuando los vecinos se enteraron que Álvaro había muerto, "el Marconi ardió". Se incendiaron neumáticos. Luego taxis y autos. El concejal municipal Juan Carlos Silva explicó las razones que motivaron la reacción. En primer lugar, el joven era inocente. "Fue una injusticia tremenda: el muchacho no tenía nada que ver". En segundo lugar, la Policía se alejó del barrio a los tiros y dejó a un joven herido de muerte sobre el asfalto: "Hubo omisión de asistencia: se fueron cuando había una persona desangrándose". Un amigo del joven asesinado argumenta: "Si no quemamos autos, no nos dan bola (.) si solo quemamos gomas, no pasa nada, nadie se entera que la Policía mata, como mataron en el barrio la semana pasada a un pibe". (El Observador, 16-10-2012). El joven se refería a la muerte de Néstor Silva (29 años), el martes 9 de octubre. Murió desangrándose luego de un tiroteo con policías.
Un centenar de personas concurrieron al Cementerio del Norte el lunes 15. Acompañaron el funeral de Álvaro. "Fue una injusticia", repitió el concejal vecinal. Y agregó: "la respuesta de la Policía fue brutal y desmedida, por eso todo el barrio está indignado".
El Marconi no es uno de esos tantos asentamientos donde habita el 12% (160 mil personas) de la población de Montevideo. Pero está clasificado como "zona roja". Donde se reproduce la "delincuencia". Según el Ministerio del Interior es el barrio más "inseguro". Fue blanco de los "operativos de saturación" y sufre las periódicas razzias policiales. Las ambulancias no entran, los proveedores de gas y otros productos tampoco. El transporte se reduce al caer la tarde. Las viviendas están construidas con materiales de desecho, chapas viejas y madera. Campea la mugre. Las esquinas son pastizales o lugares de clasificación de basura. Faltan los servicios más esenciales. La pobreza afecta a más del 60% de los habitantes. El desempleo entre jóvenes y mujeres supera el 40%. La deserción estudiantil llega al 70%. Aquellos que tienen la suerte de trabajar lo hacen en ramas donde predominan la precariedad y el salario mínimo. La "asistencia social" se sustenta, en lo fundamental, por actividades que desarrollan diversas Ongs, entidades religiosas, y algunos programas de la Intendencia Municipal y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).
El martes 16, la Jefatura de Policía de Montevideo anunció que levantaba el bloqueo al Marconi. Aunque mantendrá el operativo de vigilancia. Porque la guerra social contra los más pobres es permanente. Y para que el ejemplo de insubordinación no se propague a otros barrios "peligrosos". Mientras tanto las "actuaciones judiciales" siguen su curso. Deberán aclarar (o no) el asesinato del joven Álvaro, y laudar las denuncias que, sobre un "desbordamiento civil", hizo la propia Policía.
Hasta el momento, ninguna organización o institución de derechos humanos, ni ningún sindicato o movimiento social se ha pronunciado al respecto. Como si la sociedad terminara justo allí, en la línea donde empieza el mundo del "lumpenproletariado".
Un centenar de personas concurrieron al Cementerio del Norte el lunes 15. Acompañaron el funeral de Álvaro. "Fue una injusticia", repitió el concejal vecinal. Y agregó: "la respuesta de la Policía fue brutal y desmedida, por eso todo el barrio está indignado".
El Marconi no es uno de esos tantos asentamientos donde habita el 12% (160 mil personas) de la población de Montevideo. Pero está clasificado como "zona roja". Donde se reproduce la "delincuencia". Según el Ministerio del Interior es el barrio más "inseguro". Fue blanco de los "operativos de saturación" y sufre las periódicas razzias policiales. Las ambulancias no entran, los proveedores de gas y otros productos tampoco. El transporte se reduce al caer la tarde. Las viviendas están construidas con materiales de desecho, chapas viejas y madera. Campea la mugre. Las esquinas son pastizales o lugares de clasificación de basura. Faltan los servicios más esenciales. La pobreza afecta a más del 60% de los habitantes. El desempleo entre jóvenes y mujeres supera el 40%. La deserción estudiantil llega al 70%. Aquellos que tienen la suerte de trabajar lo hacen en ramas donde predominan la precariedad y el salario mínimo. La "asistencia social" se sustenta, en lo fundamental, por actividades que desarrollan diversas Ongs, entidades religiosas, y algunos programas de la Intendencia Municipal y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).
El martes 16, la Jefatura de Policía de Montevideo anunció que levantaba el bloqueo al Marconi. Aunque mantendrá el operativo de vigilancia. Porque la guerra social contra los más pobres es permanente. Y para que el ejemplo de insubordinación no se propague a otros barrios "peligrosos". Mientras tanto las "actuaciones judiciales" siguen su curso. Deberán aclarar (o no) el asesinato del joven Álvaro, y laudar las denuncias que, sobre un "desbordamiento civil", hizo la propia Policía.
Hasta el momento, ninguna organización o institución de derechos humanos, ni ningún sindicato o movimiento social se ha pronunciado al respecto. Como si la sociedad terminara justo allí, en la línea donde empieza el mundo del "lumpenproletariado".
